Durante 2025, el sistema de Prestaciones Sociales para Personas con Discapacidad (P.S.P.D.) —el conjunto de apoyos económicos y servicios que sustituyó a la antigua LISMI— vuelve a actualizar sus cuantías y mantiene abierto el acceso a varios subsidios que continúan vigentes. Estas ayudas, gestionadas por la administración pública, buscan garantizar recursos mínimos y facilitar el ejercicio de derechos esenciales para quienes conviven con una discapacidad reconocida.
Pese a que algunos subsidios históricos ya no admiten nuevas solicitudes, miles de personas siguen recibiéndolos gracias al mantenimiento de derechos adquiridos. Al mismo tiempo, otras prestaciones continúan disponibles y pueden solicitarse a través de los servicios sociales o por vía telemática, una opción que ha ganado protagonismo en los últimos años. En un contexto de creciente preocupación por la inclusión, 2025 se presenta como un año clave para reforzar la protección social y adaptar los apoyos a las necesidades reales de la ciudadanía.
Nuevas cuantías y ayudas destacadas para 2025
El sistema P.S.P.D. mantiene varias líneas de apoyo económico dirigidas a cubrir necesidades básicas, asistencia personal o gastos derivados de la movilidad. Para este ejercicio, las cuantías oficiales quedan de la siguiente manera:
- Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM): 149,86 € al mes, alcanzando 2.098,04 € anuales.
Además, quienes ya lo perciben reciben una ayuda social extraordinaria de 1.803,15 € anuales, abonada trimestralmente en pagos de 450,78 €. - Ayuda de Tercera Persona (ATP): 58,45 € al mes, con un total anual de 818,30 €.
- Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (SMGT): 83,50 € mensuales, hasta 1.002 € al año.
Junto a las prestaciones económicas, se mantiene la Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (ASPF), un apoyo esencial que cubre servicios médicos y acceso a tratamientos farmacológicos para quienes cumplen los requisitos.
Requisitos, compatibilidades y trámites en 2025
Para solicitar o conservar estas ayudas, la normativa exige cumplir varios criterios relacionados con la residencia, el grado de discapacidad y el nivel de recursos. Se requiere:
- Residir legalmente en España.
- Contar con un grado de discapacidad mínimo: 65 % para SGIM, 75 % para ATP y 33 % para SMGT y ASPF.
- No recibir una prestación similar de cuantía igual o superior.
- No superar los límites de ingresos establecidos para cada subsidio.
- No estar incluido en el régimen general de la Seguridad Social por actividad laboral.
En cuanto a incompatibilidades, el SGIM y el ATP no pueden coexistir con pensiones no contributivas, ayudas del Fondo de Asistencia Social ni con la prestación familiar por hijo a cargo con discapacidad.
Las solicitudes pueden formalizarse en las Delegaciones Territoriales de Igualdad y Políticas Sociales, en los Servicios Sociales Comunitarios, en centros de mayores o mediante la plataforma digital de la Junta, siempre que se disponga de certificado electrónico. Las personas beneficiarias están también obligadas a comunicar cualquier cambio económico o familiar en un plazo máximo de 15 días.