El Gobierno de Canarias ha dado un paso decisivo en materia de accesibilidad y control de fraudes con la puesta en marcha de un nuevo modelo de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR). La medida busca modernizar el sistema, unificar criterios en todas las islas y garantizar que este recurso llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan.
La iniciativa responde a una de las principales demandas de las asociaciones de personas con discapacidad y colectivos de mayores, quienes habían denunciado reiteradamente el uso indebido de estas acreditaciones. Ahora, gracias a un formato actualizado con holograma de seguridad y código QR verificable por la policía, será más difícil falsificar o utilizar de manera irregular este documento.
Además, la Dirección General de Discapacidad ha introducido mejoras en la tramitación, reduciendo plazos y simplificando procedimientos para que los ciudadanos que cumplan con los requisitos accedan a la tarjeta de manera más ágil. Según datos oficiales, más de 29.000 canarios ya cuentan con esta acreditación, que permite estacionar en zonas reservadas y adaptadas para facilitar su movilidad.
Más control y mayor accesibilidad
Según una publicación del Gobierno en X, el nuevo modelo no solo pretende reforzar la vigilancia frente al fraude, sino también facilitar la labor de los agentes de seguridad, que ahora podrán comprobar en tiempo real la vigencia de cada tarjeta. Desde el pasado mes de mayo, tanto los nuevos solicitantes como los usuarios que debían renovar ya han comenzado a recibir la versión unificada del documento.
El acceso a este distintivo continúa limitado a personas con movilidad reducida acreditada y a quienes presenten graves problemas de visión, como una agudeza visual inferior a 0,1 en el mejor ojo o un campo visual de diez grados o menos. En lo que va de año, más de 3.200 canarios han obtenido la tarjeta PMR, reflejo de una necesidad creciente en la población.
Con esta medida, el Ejecutivo regional espera dar un salto en igualdad de oportunidades y respeto a los derechos de las personas con discapacidad, mientras combate uno de los problemas más habituales en la gestión de los aparcamientos reservados: la suplantación y el uso indebido de tarjetas.