La edad legal para acceder a la jubilación ordinaria volverá a cambiar en 2026, según ha confirmado el Gobierno. A partir de ese año, quienes quieran retirarse con el 100% de la pensión deberán haber cumplido 66 años y 10 meses, dentro del calendario progresivo iniciado en 2013 que culminará en 2027 con los 67 años.
Este requisito será de aplicación general durante todo 2026, aunque se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 65 años sin recortes para las personas que acrediten una larga carrera laboral. En concreto, será necesario haber cotizado 38 años y 3 meses al Seguro Social para evitar penalizaciones.
La subida de la edad ordinaria forma parte de la reforma de pensiones pactada en 2011 y se enmarca en un proceso gradual que busca adaptar el sistema al envejecimiento de la población. Con el próximo ejercicio se alcanzará prácticamente el último tramo antes de fijar definitivamente la jubilación legal en los 67 años.
Además, 2026 marcará el inicio del despliegue del nuevo modelo para calcular la pensión, conocido como régimen dual. Este sistema permitirá elegir entre el método actual, basado en los 25 últimos años cotizados, o una alternativa más amplia que irá incorporándose de forma progresiva.
En esta primera fase, el cálculo podrá realizarse con 304 meses cotizados (algo más de 25 años), con la opción de descartar los dos peores meses, o seguir aplicando el esquema vigente. El objetivo final es que, en 2037, los trabajadores puedan escoger el periodo que más les beneficie.
El próximo año también traerá cambios en las cotizaciones. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) subirá al 0,9%, repartido entre empresa y trabajador, con el fin de reforzar los ingresos del Seguro Social ante el aumento del gasto previsto por la jubilación de la generación del ‘baby boom’.
Por último, las pensiones mínimas y no contributivas volverán a revalorizarse por encima de la inflación media. Esta medida busca seguir reduciendo la brecha con el umbral de pobreza y avanzar hacia los objetivos fijados en la reforma, que afectan a más de 2,5 millones de beneficiarios.