Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, la Seguridad Social ha dejado de tener casi 139.000 afiliados en el Sistema Especial Agrario y unos 67.600 en el Sistema Especial de Empleados del Hogar. En total, son más de 206.000 trabajadores menos cotizando en dos actividades que sostienen el día a día de muchas familias y de buena parte del tejido rural.
En términos relativos, la caída es muy intensa: el empleo agrario en este sistema especial se reduce alrededor de un 17%, mientras que el empleo doméstico registrado cae en torno a un 16,5% en esos siete años. Se trata de un descenso sostenido en el tiempo, no de un bache puntual, lo que indica un cambio estructural en la forma de trabajar y contratar en estos ámbitos.
Cómo han evolucionado el campo y el empleo del hogar
El Sistema Especial Agrario cerró 2025 con una media de 672.439 afiliados, es decir, 19.167 menos que en 2024 y 138.842 menos que en 2018, cuando superaba los 811.000 ocupados. Desde 2018 la afiliación agraria encadena descensos prácticamente ininterrumpidos, reflejando dificultades de rentabilidad, cambios tecnológicos y una menor mano de obra en explotaciones familiares.
En el Sistema Especial de Empleados del Hogar, la afiliación media se situó en 342.993 trabajadores en 2025, casi 11.000 menos que un año antes y 67.641 menos que en 2018. La caída se acelera a partir de 2018 y deja el empleo doméstico muy por debajo de las cifras de mediados de la década pasada, pese a que la necesidad de cuidados y tareas del hogar sigue creciendo por envejecimiento y cambios demográficos.
Qué factores explican la pérdida de afiliados
Uno de los factores que más señalan los informes empresariales es la fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se ha incrementado más de un 80% desde 2014. La patronal CEOE sostiene que este encarecimiento del coste laboral mínimo ha impactado con fuerza en sectores con márgenes muy ajustados como el agrario y el empleo doméstico.
En el campo, la subida de costes laborales se suma al aumento de costes energéticos, de insumos y a la presión de precios de la distribución, lo que dificulta trasladar el incremento salarial al producto final. En las familias empleadoras de personal del hogar, pagar un salario más alto y cotizaciones mayores puede llevar, en algunos casos, a reducir horas, prescindir del servicio o recurrir a trabajo sin alta.
Más economía sumergida y cambio en la forma de contratar
Distintos sindicatos advierten de que una parte de la caída de afiliados no significa necesariamente que haya menos trabajo, sino menos trabajo declarado. Por ejemplo, USO denuncia que muchos empleados del hogar siguen trabajando sin alta en la Seguridad Social, lo que recorta derechos laborales y protección social a quienes cuidan, limpian o atienden a personas mayores.
En el medio rural, el ajuste de plantillas y la mecanización también reducen la necesidad de mano de obra temporal, pero puede desplazarse empleo hacia fórmulas menos estables o peor registradas. El resultado es una foto estadística con menos afiliados, que convive con realidades de jornadas largas, salarios ajustados y niveles de informalidad preocupantes en ciertos entornos.
Impacto para las familias y para el sistema de pensiones
Para el sistema público, perder más de 206.000 afiliados en estos dos sistemas especiales implica menos cotizaciones presentes y, a futuro, carreras de cotización más cortas y pensiones más bajas para estos colectivos. Son sectores donde los salarios suelen ser modestos y las trayectorias laborales discontinuas, por lo que cada periodo sin alta cuenta mucho en la pensión final.
Para las familias, la ecuación tampoco es sencilla: quienes contratan en el hogar ven cómo los costes suben, mientras que quienes trabajan como empleadas del hogar o peones agrarios se ven atrapados entre la necesidad de ingresos y la dificultad de mantener una relación laboral regularizada. El riesgo es que aumente la dualidad entre quienes disfrutan de contratos y cotizaciones y quienes quedan en la economía sumergida, sin paro, sin bajas y sin una pensión digna.
Qué se está haciendo y qué falta por hacer
En los últimos años se han aprobado medidas para reforzar derechos y reducir la precariedad, como la integración de estos sistemas especiales en el Régimen General, bonificaciones en las cotizaciones por contratación regular o la ampliación de derechos laborales de las empleadas del hogar. Estas reformas buscan profesionalizar el sector, mejorar la protección y facilitar la formalización de las relaciones laborales.
Sin embargo, los datos muestran que estas mejoras conviven con un descenso intenso de la afiliación, lo que obliga a repensar incentivos y apoyos, sobre todo para hogares vulnerables y pequeñas explotaciones agrarias. Combinar salarios dignos, costes asumibles y lucha contra la economía sumergida será clave para que el campo y el empleo del hogar sigan aportando empleo de calidad y cotizaciones al sistema de Seguridad Social.