La Agencia Tributaria ha intensificado la vigilancia sobre las retiradas de dinero en efectivo realizadas en cajeros automáticos, una práctica todavía habitual pese al auge de los pagos digitales. El objetivo es detectar posibles movimientos irregulares y reforzar la lucha contra el fraude fiscal en operaciones donde el rastro del dinero resulta más difícil de seguir.
Aunque en España no existe un límite legal que impida sacar efectivo del cajero, Hacienda sí presta especial atención a las operaciones que superan determinados importes, ya que pueden considerarse sensibles desde el punto de vista tributario. Estos controles no implican sanción automática, pero sí pueden derivar en comprobaciones adicionales.
En la práctica, las retiradas iguales o superiores a 1.000 euros ya entran dentro del radar de control. A partir de esa cantidad, las entidades bancarias están obligadas a identificar al cliente y a comunicar la operación a la Agencia Tributaria si así lo exige la normativa de prevención del fraude y del blanqueo de capitales.
El seguimiento es aún mayor cuando se trata de movimientos de 3.000 euros o más, ya que estos deben notificarse de forma obligatoria. Además, fraccionar retiradas en varios días para evitar controles puede interpretarse como una conducta sospechosa y provocar una revisión más exhaustiva de la cuenta.
Tanto los bancos como Hacienda pueden solicitar al contribuyente que justifique el origen o el destino del dinero si lo consideran necesario. Por este motivo, las propias entidades financieras recomiendan acudir a la oficina cuando se necesite una cantidad elevada y solicitar un comprobante que respalde la operación.
Desde el Banco de España recuerdan que las entidades deben facilitar el efectivo siempre que haya saldo suficiente, aunque pueden pedir aviso previo en casos concretos. En cualquier caso, la transparencia en este tipo de movimientos es clave para evitar problemas futuros con la Administración tributaria.