La Comunidad de Madrid ha activado una nueva estrategia para transformar el ritmo con el que se gestionan las solicitudes relacionadas con la discapacidad, un proceso clave para miles de familias que dependen de estos dictámenes para acceder a apoyos sociales y sanitarios. El Gobierno regional ha sellado un convenio inédito junto al Colegio Oficial de Médicos de Madrid y varias consejerías autonómicas con el fin de reforzar la capacidad diagnóstica y agilizar un sistema que, hasta ahora, avanzaba con limitaciones estructurales.
La medida busca incrementar hasta en un 33% la resolución anual de expedientes, lo que permitiría superar los 80.000 reconocimientos entre nuevas solicitudes, renovaciones y revisiones. El impulso supone uno de los mayores avances de los últimos años en el ámbito de la valoración de la discapacidad en la región, y se acompañará de una inversión de 2,3 millones de euros entre 2025 y 2026, con opción de ampliación durante cuatro años más.
Más centros, más profesionales y una red de atención renovada
El acuerdo no se limita a aportar fondos: también reconfigura el mapa asistencial para responder a la creciente demanda. La Comunidad incorporará en 2026 dos nuevos centros de referencia —en la sierra noroeste y en el sur— que se sumarán a los actuales 10 puntos base donde se realizan las valoraciones. Con esta ampliación hasta los 12 centros, la red podrá atender a más de un millón de madrileños con mayor proximidad y menos tiempos de espera.
Además, se reforzarán los equipos administrativos y se incorporarán nuevos perfiles sanitarios, como fisioterapeutas, destinados a acelerar el proceso de reconocimiento y aportar una visión más completa en la evaluación del grado de discapacidad. Este refuerzo pretende no solo ganar agilidad, sino también mejorar la calidad de atención a los usuarios.
Una medida alineada con la Estrategia Horizonte 2028
La actuación se integra dentro de la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028, que contempla 316 iniciativas y una inversión global de 4.800 millones de euros. Esta hoja de ruta aborda ámbitos clave como la atención temprana, la discapacidad intelectual, física y sensorial, y la enfermedad mental grave, con el objetivo de avanzar hacia una Administración más eficiente, moderna y cercana a las necesidades reales de la ciudadanía.
Con este nuevo impulso, la Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con la modernización de los servicios públicos y con una gestión más rápida, humana y eficaz para quienes necesitan la valoración de su grado de discapacidad.