Conseguir una pensión por incapacidad laboral en España no siempre es un camino sencillo. Muchos trabajadores que sufren dolencias graves deben enfrentarse a un largo proceso de reclamaciones y recursos judiciales hasta obtener un reconocimiento que, en teoría, debería estar garantizado desde la vía administrativa. Ese ha sido el caso de un empleado del sector de la hostelería que, tras casi tres años de lucha, ha logrado finalmente que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le conceda una incapacidad permanente total por enfermedad común.
El trabajador, que hasta ahora desarrollaba su labor en una conocida cadena de restauración, padecía patologías cervicales crónicas que le impedían realizar esfuerzos físicos y movimientos propios de su puesto. Pese a contar con una operación previa de hernia discal, las secuelas le provocaban dolor constante, limitaciones en la movilidad y un deterioro notable en su estado anímico.
Tal y como hemos comentado anteriormente, este trabajador presentaba el siguiente cuadro clínico:
- Dolencias cervicales.
- Hernia discal operada quirúrgicamente.
- Estado de ánimo alterado.
- Cervicobraquialgia crónica.
Una sentencia clave para quienes dependen de empleos físicos
La resolución judicial cobra especial relevancia en un contexto donde muchos trabajadores del sector servicios encuentran dificultades para demostrar que sus dolencias les incapacitan para seguir ejerciendo su actividad. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había rechazado en un primer momento la solicitud, y tal y como explican los compañeros de ‘Economist & Jurist’, el juzgado de lo social nº 6 de Málaga, también se mostró en contra. Sin embargo, el fallo del tribunal autonómico ha terminado reconociendo que el empleado no puede desempeñar las funciones que se le exigen en la hostelería, debido a la naturaleza física del trabajo.
La sentencia establece que el trabajador tiene derecho a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora, con carácter retroactivo desde 2022. Además, al tratarse de una incapacidad permanente total, la pensión es compatible con otras actividades profesionales, siempre que no impliquen los mismos esfuerzos que su ocupación anterior.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la vía judicial en la protección de los derechos laborales. Cada vez son más frecuentes las resoluciones en las que los tribunales contradicen al INSS, reconociendo prestaciones que inicialmente habían sido denegadas. Para sindicatos y despachos especializados en derecho laboral, se trata de un recordatorio de que el acceso a la justicia es fundamental para garantizar una protección social efectiva.