La Ley 4/2026 obliga a las administraciones a garantizar la continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal sufre una enfermedad grave o una hospitalización.
La Ley 4/2026 regula la figura de la persona experta facilitadora procesal y declara nulos los actos judiciales realizados sin los ajustes que impidan la participación efectiva.
La Ley 4/2026 establece que el derecho a las prestaciones de dependencia nace con la resolución o, si la administración no responde, a los seis meses de la solicitud.
La Ley 4/2026 mantiene la deducción de prestaciones de análoga naturaleza, como el complemento de gran incapacidad, salvo para personas con Grado III+ de dependencia extrema.
La Ley 4/2026 modifica la Ley del IRPF para que las prestaciones vinculadas a cuidados y apoyos en viviendas queden exentas, junto a las de cuidado familiar y asistencia personal.
La Ley 4/2026 extiende la obligación de adaptar el puesto y la accesibilidad a cónyuges, parejas de hecho y familiares hasta segundo grado que realicen labores de cuidado.
No. El reconocimiento tiene validez en todo el territorio del Estado, aunque el traslado del expediente sí lo regula cada comunidad.
Son 314,40 euros más al mes en 2026. Y desde 2022 basta con obtener cualquier grado de dependencia en la valoración.
Un real decreto aprobado este año ha regulado por fin cómo combinar el porcentaje adicional con el pago único.
La resolución que reconoce la pensión debe indicar el plazo para instar la revisión, y ese plazo también vincula a la Administración.
El Congreso la aprobó definitivamente el 16 de septiembre. Es la mayor revisión del sistema en veinte años.
Cada umbral abre una puerta distinta: el 33 % da acceso a la fiscalidad y al empleo; el 65 %, a la pensión no contributiva; el 75 %, a los complementos por tercera persona.
Hay que presentarla en el primer trimestre de cada año. Si no se hace, el pago se suspende y la recuperación tiene un tope de 90 días.
No se eligen los mejores años. El sistema calcula dos fórmulas de oficio y aplica automáticamente la que más conviene.
La absoluta y la gran invalidez están exentas. La total, la total cualificada y la parcial, no.
No se reparten por edad ni por discapacidad, sino por un umbral de ingresos: 628,80 euros mensuales.
El plazo máximo es de seis meses y el reconocimiento surte efectos desde la fecha de la solicitud, no desde la resolución.
No son incompatibles por ley, pero la PNC computa como renta al calcular el IMV. Lo que sí se extingue es otra cosa.
El nuevo real decreto incorpora el párkinson, el huntington o la espina bífida, entre otras, y está en vigor desde el 31 de julio.
Desde 2019 el complemento se calcula sobre bases de cotización, no sobre la pensión, y tiene un suelo del 45 %.
La competencia es de las comunidades autónomas. El tiempo medio de tramitación era de 314 días en junio de 2026.
No hace falta adaptar el coche para pagar el IVA superreducido, pero sí pedir el reconocimiento previo a Hacienda antes de matricular.