Es probablemente el malentendido más extendido en materia de discapacidad en España: que una pensión de incapacidad permanente equivale sin más a un grado de discapacidad del 33 % a todos los efectos. No es así, y el Tribunal Supremo lo ha repetido en varias ocasiones.
Qué dice exactamente la ley
El artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, establece que se considera que presentan una discapacidad igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social con una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Pero el precepto contiene una acotación decisiva: esa equiparación opera «a los efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I, así como del título II» de esa misma ley. Es decir, no es una equiparación general al ordenamiento jurídico, sino sectorial. Esta redacción procede de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en vigor desde el 2 de marzo de 2023.
La doctrina del Supremo
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo viene sosteniendo desde 2018 que la equiparación no se aplica de manera generalizada. En la sentencia 753/2024, de 29 de mayo (recurso 1777/2022, ponente Antonio V. Sempere Navarro), el alto tribunal declaró que la redacción original del artículo 4.2 incurrió en un exceso de la delegación legislativa —lo que en términos jurídicos se denomina ultra vires— al sustituir «a los efectos de esta ley» por «a todos los efectos». La sentencia 872/2025, de 2 de octubre (recurso 356/2024) reiteró el criterio.
Qué significa en la práctica
Quien tiene reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez no dispone automáticamente de un certificado de discapacidad utilizable para cualquier trámite. Para acceder al IVA superreducido del 4 % en la compra de un vehículo, a la exención del impuesto de matriculación, a la exención del impuesto de circulación, a ayudas autonómicas o a convocatorias que exijan el certificado, hay que solicitar la valoración del grado ante el órgano competente de la comunidad autónoma.
Una excepción relevante en el IRPF
Hay un ámbito donde la pensión sí sirve como acreditación. El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución 00/04263/2023, de 19 de julio de 2024, fijó que quien tiene reconocida una pensión por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez mantiene, al llegar a la edad de jubilación, el derecho a aplicar el mínimo por discapacidad del artículo 60 de la Ley del IRPF sin necesidad de acreditar un grado igual o superior al 33 %.
La acreditación de la equiparación, cuando procede, se realiza mediante la resolución del INSS, según el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006.
