SERVIMEDIA. Según el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal), Luis Cayo Pérez Bueno, “los efectos de las políticas regresivas de derechos para las personas con discapacidad son devastadores, y no es una exageración que hay 100.000 personas en riesgo inminente de perder un apoyo, una asistencia o un acompañamiento, que es absolutamente preciso para una vida mínimamente digna”.
Estas declaraciones las enmarca en el retraso en el pago de la deuda que las administraciones territoriales tienen con el tejido asociativo de la discapacidad en España.
Asimismo, el presidente del CERMI Estatal expone que los recortes, las regresiones, la desaparición de derechos, de recursos de apoyo o programas para la inclusión de las personas con discapacidad, viene de hace 4 ó 5 años, cuando comenzaron los primeros “conatos de la crisis”. Según indica, donde primero más intensamente se han notado ha sido en las Comunidades Autónomas, luego en lo local, y después, “con crudeza” en lo nacional.
“Lo irónico es que los recortes se aplican a grupos sociales como el de la discapacidad, que, nunca, nunca, ni en los mejores momentos económicos, termina de alcanzar una normalidad cívica en el acceso a los bienes y derechos básicos. Nunca hemos estado bien”, denuncia.
Con respecto al futuro de los Centros Especiales de Empleo, Pérez Bueno destaca que en España hay 2.000 CEE, con casi 65.000 trabajadores con discapacidad, y la mitad de esos 2.000 centros, “son de iniciativa social”. En este contexto, continúa, los recortes en políticas activas de empleo, que se vienen produciendo en los últimos años, “están poniendo en peligro su viabilidad y continuidad”.
Además, añade, “está la necesidad de renovar el modelo, que tiene casi 30 años”. Para ello, plantea la “necesidad” de una voluntad política para definir un nuevo modelo legal de empleo para personas con discapacidad, que incluya a las empresas sociales de inclusión de personas con discapacidad. “Esto es urgente e inaplazable si queremos mantener ese valor de activación que supone esta modalidad de empleo”, apunta.
En relación al empleo público, señala que, “por desgracia”, “no va a crecer en estos tiempos” o, al contrario, “se están produciendo y se producirá una gran destrucción de puestos de trabajo en lo público, por lo que no va a ser una vía masiva de crecimiento para las personas con discapacidad”, aunque, según afirma, “eso no significa que no exijamos más y presionemos, por supuesto”.
A nivel europeo, hace referencia a que Europa carece de un estatuto global de la discapacidad y de las políticas públicas de discapacidad, por lo que, según opina, cada país hace la guerra por su cuenta, y, lo que es peor, “no hay voluntad política de resolver esta dispersión, este tratamiento diferenciado que perjudica los derechos de las personas”.
“La Unión Europea adolece de un déficit democrático enorme y no está pensada en clave de servir a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, sino con arreglo a parámetros menos confesables y eso, entre otras, lo pagamos las personas con discapacidad”, indica.
En cuanto a la marcha, que, bajo el lema ‘SOS Discapacidad –Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo’, convocada por el CERMI el pasado domingo 2 de diciembre en Madrid, que forma parte de una estrategia de contestación activa, y a la que asistieron 90.000 personas procedentes de toda España, el presidente del CERMI destaca que, para las personas con discapacidad y sus familias, la adhesión y el compromiso de la ciudadanía es “impagable”. “Nos proporciona esa fuerza y ese impulso, que, a veces, decae o se debilita, ante tantas resistencias, ante tantos obstáculos”, asegura. Para él, “si no desfallecemos, es por la buena gente que sabemos que nos apoya”.
El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.
