lne.es – Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres se valieron de una Fundación de ayuda a niños discapacitados y enfermos de cáncer para evadir al paraíso fiscal de Belice parte del dinero cobrado a los gobiernos de Baleares y Valencia y empresas privadas.
Ésta es la conclusión de José Castro, el juez instructor del «caso Palma Arena», tras comprobar que las iniciales «I. U.» y «D. T.» figuran como los beneficiarios de los fondos defraudados en «las abundantes hojas manuscritas» confiscadas.
La Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) para ayudar a niños marginados, discapacitados y enfermos de cáncer es la propietaria de la empresa De Goes for Stakeholder, que Urdangarín y Torres utilizaron para esquivar a Hacienda y sacar fondos públicos hacia Belice, según «El Mundo». Ésa es la tapadera mediante la cual Urdangarín y su socio sacaron supuestamente los fondos del Instituto Nóos y evadieron impuestos.
Al menos 560.000 euros que salieron de Nóos como pago de De Goes en forma de «asesorías» ficticias. Todo un entramado societario puesto en marcha con vistas a los millonarios contratos con los gobiernos balear y valenciano, según los colaboradores del yerno del Rey. La FDCIS tiene su sede en San Cugat del Vallés. Urdangarín y Torres montaron De Goes en 2006 para la realización de «estudios de mercado y asesorías» y nombraron administrador a Mario Sorribas.
Curiosamente, la FDCIS se declara entidad sin ánimo de lucro y en sus estatutos se compromete a «realizar una contribución a la mejora de la sociedad mostrando cómo la cultura y el deporte pueden ser magníficos instrumentos para lograr la integración social de colectivos desfavorecidos».
Por otra parte, el Gobierno de Jaume Matas otorgó a dedo, y de manera exclusiva, a empresas vinculadas a Urdangarín la explotación comercial de la marca Illes Balears en relación con el equipo ciclista del mismo nombre patrocinado por el Ejecutivo insular con 18 millones de euros. Los investigadores han interrogado a antiguos altos cargos del PP sobre aquella operación, entre ellos a Miquel Àngel Bonet, por entonces asesor jurídico y secretario del Ibatur.
Se trata de esclarecer si el «grupo» de empresas, fundaciones e institutos liderado por Urdangarín desviaron, entre 2003 y 2007, parte de los más de 6 millones de euros cobrados de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno en actividades relacionadas con el deporte.
El Ejecutivo de Matas, según consta en el primer convenio de 2005 con el Instituto Nóos, impulsó una serie de «grandes eventos deportivos» entre los que destacó «el patrocinio del equipo ciclista Team Illes Balears, la celebración de una eliminatoria de la Copa Davis, la construcción de un velódromo para acoger en 2007 el Campeonato Mundial de ciclismo en pista» y los eventos Illes Balears Forum sobre Turismo y Deporte, organizados por Urdangarín y sus socios.
Empresas vinculadas a Urdangarín y a Torres, también encausado, percibieron por el Illes Balears alrededor de 300.000 euros por medio de tres contratos. Los pagos se hicieron a través del Ibatur y la Fundación Illesport. Una de las cosas más llamativas es que el Ejecutivo de Matas decidió adjudicar sin concurso al duque la explotación de la marca Illes Balears en camisetas, gorras y todo tipo de productos.
En medio de la tormenta del «caso Urdagarín», don Felipe de Borbón subrayó ayer en Barcelona la «ambición honesta y transparente» que guía la actuación de la Fundación Príncipe de Girona (FPdGi), que preside, y destacó que la crisis hace necesario asumir mayores responsabilidades con la sociedad.
El Príncipe afirmó que esa Fundación, creada en 2009 para promover la educación de los jóvenes y atender a problemas sociales, está basada en «el rigor, la seriedad y la coherencia». Don Felipe remarcó su «compromiso personal inalterable y sin matices» con el servicio al Estado y al conjunto de españoles, una tarea a la que, dijo, dedica su vida y forma parte de sus deberes y convicciones, especialmente al jurar la Constitución hace veinticinco años.
